CENTROS CONCERTADOS MÁS QUE POLÍTICAMENTE INCORRECTOS

No es saludable dedicar el tiempo a aquellas cosas que causan nuestro desagrado y desaprobación. En este punto, por cierto, radica una de las principales diferencias entre una persona con ideología de izquierdas y otra con ideología de derechas, porque a este último tipo de personas, por lo general, les encanta recrearse en lo más obsceno y morboso. Sólo hay que leer las páginas del derecho canónico dedicadas a la sexualidad para percatarse de ello. Pero, por otra parte, es irresponsable no dedicar parte de nuestro tiempo a algunas cosas que nos indignan cuando aquellas mismas cosas son causas de injusticias y nuestro silencio podría interpretarse como una vergonzante resignación o lo que es peor como un mezquino consentimiento. Sobre todo cuando el asunto a considerar es la educación, uno de los derechos fundamentales del ser humano hoy en día seriamente amenazado desde gobiernos de derechas al obsesionarse las clases dirigentes con la posibilidad que las clases subalternas tengan mayor ilustración, no sea que un operario lea La voluntad de poder de Nietzsche, ¡qué horror!, y muerda la cabeza de quien le ahoga. Y no me refiero aquí a la educación que se da en los centros públicos, sometidos la mayoría de ellos a una competencia desleal por parte de los centros concertados, una práctica fomentada por la propia administración educativa que regala conciertos bajo las prostituidas ideas de libertad e igualdad de oportunidades, sino que me refiero a aquellos centros privados o concertados en los que se sacrifica la calidad, el servicio público y los fines sociales de la educación por el más grosero ánimo de lucro propio de una empresa puramente mercantil, tal como sucede en el colegio concertado en el que trabaja un amigo, situado en la zona alta de Barcelona, de cuyo nombre debo guardar aquí un prudente silencio por razones jurídicas, y cuya titularidad pertenece a una acomodada familia de apellidos catalanes pero de habla castellana y que gobierna su negocio con mentalidad franquista.

Siempre me ha llamado la atención la omisión de referencias directas a centros de enseñanza en la mayor parte de escritos sobre educación. En algunos libros o artículos tal vez encontremos unos pocos ejemplos de buenas prácticas pedagógicas y de organización escolar, pero es casi seguro que perderemos el tiempo si buscamos ejemplos negativos. ¿Por qué no se pone a deliberación pública las actuaciones políticamente incorrectas que se vienen realizando en algunos centros concertados cuando no se cumplen las leyes o bien sus titulares tienen conductas inmorales? ¿Por qué toda la información académica y empresarial de esos centros se mantiene fuera del alcance de los ciudadanos que financian con sus impuestos el concierto de esos mismos centros? Si un ciudadano no tiene matriculado a su hijo en un centro concertado, dicho centro no tiene ninguna obligación de informarle de sus resultados académicos o de la gestión de su concierto. Pero, ¿en base a qué principio de justicia en un Estado democrático como se supone que es el nuestro se restringe al ciudadano el acceso a la información de las actividades de una institución básica de dicha sociedad como es la escuela? ¿Es razonable anteponer el derecho a la democracia y tratar como asunto particular y no público los actos ilegales o inmorales que puedan realizarse en un centro concertado, cuando la escuela es donde deben formarse los ciudadanos del mañana en la obligación para con las normas legales  y morales consensuadas y, por tanto, es una institución social que tiene que dar ejemplo de civilidad y civismo? Al gobierno de la Generalitat le faltó tiempo para crear una web que fomentaba la delación de ciudadanos contra las actividades de los activistas del 15-M y de los sindicalistas más comprometidos en las manifestaciones y jornadas de huelga contra la injusticia imperante en nuestro sistema social, pero brillan por su ausencia las iniciativas y actuaciones contra aquellos empresarios sin escrúpulos que hacen de la educación un lucrativo negocio con la doble financiación de fundaciones y ampas, de una parte, y por otra parte de fondos públicos.

Pues bien. Sirva como botón de muestra de esos inefables colegios el que aquí denuncio ante la opinión pública por diversos motivos, como las irregularidades cometidas en el cumplimiento del recientemente aprobado X Convenio Colectivo Autonómico de la Enseñanza Privada de Cataluña –que tal vez sea el último a la vista de la falta de voluntad negociadora de las patronales del sector que han demorado su firma tres años-- y en su inmediata modificación mediante pacto privado para exclusivo beneficio de los titulares del centro, así como la utilización de fondos públicos para incrementar los beneficios empresariales en lugar de destinarlos a las inversiones y los gastos previstos. Ignoro la recepción que pueda tener este escrito, pero ese tipo de actuaciones no puede quedar impune. Que empuje al lector con hijos en centros concertados a informarse al respecto, a contrastar la veracidad de todo lo aquí expuesto en el centro de su hijo y considerar que es un deber democrático ejercitar el pensamiento crítico con un sentido moral contra los casos de injusticia, en particular en un centro de enseñanza, porque de su resultado depende no sólo la calidad de la educación de nuestros hijos, sino también la calidad de nuestra democracia.

En relación a esa lesiva omisión para la defensa de una educación de calidad, cabe considerar la existencia de dos discursos sobre la educación: el académico centrado en programas y modelos, de un parte, y por otra parte, el mundano centrado en los colegios. Raras son las veces que aparecen referencias a escuelas en los tratados o ensayos pedagógicos de los expertos, ya sea por escrúpulos a no hacer publicidad de los centros valorados positivamente o evitar polémicas y procesos judiciales con los centros valorados negativamente, mientras que es común entre los padres hablar de la escuela de sus hijos, de sus equipamientos y de los buenos y de los malos profesores, en las conversaciones con familiares y amigos. Y más raro aún es encontrar en los medios de comunicación, salvo que se hayan cometido delitos, la noticia sobre malas prácticas pedagógicas en algunos olegios que podrían juzgarse como políticamente incorrectas por sus efectos perjudiciales en la confianza del sistema educativo.

Como muestrario de algunas de esas prácticas que podemos encontrar en algunos centros concertados, cabe destacar aquí las siguientes:

a.     el incumplimiento del convenio del sector (por ejemplo, no pagar las horas complementarias exigiendo a los maestros o profesores afectados su permanencia en el centro);

b.     la desviación de cantidades del concierto que se utiliza para incrementar los beneficios (por ejemplo, emplear un profesor de refuerzo como profesor titular, utilizar la séptima hora de tutoría de aula en la ESO como hora lectiva o bien no destinar para su fin los recursos percibidos para equipamientos de aula);

c.     la organización con ánimo de lucro de actividades de formación del profesorado financiadas con fondos europeos (por ejemplo, programar más horas de las realmente impartidas);

d.     la vulneración de los derechos laborales de los docentes (por ejemplo, presionar cuando no coaccionar para la firma de un pacto privado ya sea para un recorte salarial ya sea para una pérdida de horas sin recibir ninguna indemnización por ello);

e.     la persecución sindical (por ejemplo, hacer mobbing al delegado de personal  que no se deje comprar y que ejercite como tal);

f.      los precios abusivos en los menús escolares sin relación con la calidad y cantidad de los alimentos (por ejemplo, en menús de 9 euros la ausencia de criterios dietéticos y nutricionales como evidencia el predominio de las frituras de alimentos precocinados o la prohibición de repetir la única pieza de fruta del postre),

g.     el desprecio a las reglas de gobierno democrático del centro (por ejemplo, organizar con secretismo la elección al Consejo Escolar y designar a dedo desde la titularidad a los diversos representantes del centro),

h.      o el engaño a las familias con hijos que requieren una atención especial por parte de especialista que no tiene el centro (por ejemplo, no disponer de ningún protocolo para los casos de dislexia, discalculia, TDAH o Asperger).

No hay que tener mucha imaginación para llegar a la conclusión que los resultados de unas conductas tan negativas son incompatibles con la calidad que requiere la buena educación. Y no dejan de sorprenderme las elevadas expectativas que declaran las familias al matricular a sus hijos en algunos centros concertados al mismo tiempo que hacen una completa abstracción de esas conductas. En todos los años que en calidad de tutor he tenido una relación directa con las familias en el centro concertado en el que trabajo nunca se me ha solicitado información al respeto y son poquísimos los casos que he conocido del cambio de centro de un alumno a causa de alguna de esas conductas. Naturalmente cuesta creer que en un mismo centro se pueda encontrar el muestrario completo expuesto más arriba, porque iría contra la más mínima lógica empresarial si lo que de verdad se quiere es garantizar la viabilidad del centro y una percepción social positiva por parte de todos los miembros de la propia comunidad educativa que asegure los vínculos de fidelidad y complicidad con la titularidad del centro. Sin embargo, la realidad supera siempre la ficción y cuando a la incompetencia se suma la codicia no cuesta encontrar un centro con este lamentable record, como es el caso del colegio en el que trabaja mi amigo, una anomalía pedagógica en el sistema educativo catalán como su misma marca comercial ya apunta, pues su nombre  no responde a ninguna convención gramatical, que para cualquier otra empresa se podría aceptar la licencia, pero para un centro de enseñanza es un desatino. Imaginemos por un momento que una puta de aires afrancesados, pero sin conocimientos gramaticales, que se hiciera llamar Stel·la quisiera ampliar el negocio del burdel que regentase y abriese un parvulario con el mismo nombre animada por su reciente maternidad. Pues como que no sonaría bien ni sería políticamente correcto.

Dicho esto, y sabiendo que ese inefable colegio tiene una existencia de más de 50 años, más de un lector de este escrito podría llegar a pensar que tan mal no lo puede estar haciendo una titularidad que dirige el centro desde hace tantos años. Que el hecho de su larga pervivencia bastaría para deslegitimar las acusaciones que aquí se vierten. Y hasta yo mismo pondría en duda una acusación semejante ante una prueba de tanto peso como la simple permanencia en el tiempo. Sin embargo, el hecho que hasta hoy en día ese colegio no se haya enfrentado a ninguna clase de conflicto laboral colectivo, en buena medida por la pasividad de los delegados de personal de la USOC votados elección tras elección con el plácet de la titularidad, y que tampoco haya tenido  apenas incidencias con la inspección educativa más allá de las negligentes actuaciones del equipo directivo, no significa que mañana suceda lo mismo. Bastaría con que uno de sus delegados de personal ejerciera como tal y denunciase a las administraciones competentes todas las irregularidades que continúan realizándose para que la situación cambiase radicalmente. Lo mismo que bastaría que un pequeño número de padres ejercieran como tales y denunciase a esas mismas administraciones la violencia simbólica y el maltrato psicológico que algunos maestros y profesores, con la complicidad de la dirección, infringen a los alumnos para movilizar a toda la comunidad escolar en contra de esas aberraciones educativas y cambiar con ello la dirección pedagógica del centro. De hecho, se ha llegado a tal extremo de abusos y despropósitos por parte de los titulares que algo de eso está comenzando a suceder. Por otra parte, no puede atribuirse únicamente a la actual crisis económica o a la mala suerte la fuerte caída de matrícula de este colegio, significativamente superior a la del resto de centros de su distrito, lo que está provocando la pérdida de unidades concertadas en la ESO y que en breve tiempo toda la enseñanza secundaria pueda llegar a tener sólo una línea, como sucede en la enseñanza infantil y primaria. Un colegio que en los últimos tres años ha perdido a más de 100 alumnos antes de que éstos concluyan sus estudios obligatorios o postobligatorios, con unidades que han tenido un 25% de bajas, no se puede decir que tenga una buena dirección y que algunos tutores estén haciendo bien su trabajo. Y en buena medida es el resultado del pésimo clima laboral y pedagógico en el que trabajan los maestros y los profesores sin más motivación, en la mayoría de ellos, que la de conservar el puesto de trabajo aguantando temerosamente los agravios y las humillaciones de los responsables del centro.

Entiendo que el silencio de los expertos y de los medios de comunicación en relación a centros que son más que políticamente incorrectos se puede explicar porque una deliberación pública es una espinosa cuestión que puede comportar una demanda judicial por parte del centro estigmatizado. Por otra parte se puede pensar que ya existen cauces para denunciar la información engañosa o la mala fe contractual, como la inspección educativa o la magistratura de trabajo. Y que son, además, asuntos entre particulares y por tanto no tienen interés para la opinión pública. Sin embargo, la actual administración educativa, salvo que se produzca una alarma social con el consiguiente coste electoral, pasa como sobre ascuas por encima de la fiscalización de los conciertos, así como por encima del cumplimiento de la legalidad vigente, al existir una manifiesta connivencia con el sector privado. Además, desvincula las resoluciones judiciales de la renovación de los conciertos, por lo que los centros concertados pueden ser condenados por toda clase de ilegalidades sin que ello comporte la pérdida del concierto, que se garantiza simplemente por la ratio de alumnos. Por otro lado, en el actual contexto de crisis y con las elevadas cifras de desempleo existentes, es muy poco probable que los docentes lleguen a denunciar a los titulares de sus centros si son víctimas de abusos. De hecho la mayoría de los asalariados en nuestro país ha manifestado en recientes encuestas de opinión que preferirían una rebaja en sus condiciones contractuales antes de quedarse sin empleo, incluso  ante una situación hipotética. Así pues, pocas actuaciones cabe esperar por esos dos cauces. Por lo que los miembros más débiles de la comunidad escolar en los centros privados o concertados, los docentes, quedan en una situación de desamparo frente a las conductas inmorales en unos casos e ilegales en otros casos por parte de algunos titulares.

Sin embargo,  no hay que resignarse a la injusticia. Hay que combatirla con ira y con valentía porque sólo de este modo podemos albergar la esperanza de un futuro mejor. No podemos tomar a un maestro o a un profesor como un buen ciudadano y un buen educador de ciudadanos si teme la libertad y no se compromete a luchar contra las situaciones injustas que vive o percibe en los otros ciudadanos. Conozco a unos cuantos docentes --pero menos de los que me gustaría-- que no tienen ningún reparo ni duda en reconocer el derecho de los ciudadanos a oponerse a la injusticia, incluso dedican parte de su tiempo a la difusión de este derecho entre fundaciones y ONGs, pero al mismo tiempo son incapaces de asumir en su vida laboral ese mismo derecho y solidarizarse con los compañeros que padecen las mismas injusticias. La escuela y el instituto no es diferente a otros servicios públicos y lugares de trabajo en los que se libra en la actualidad el combate por la justicia. Tal vez la naturaleza del trabajo que allí se realiza lleve a la falsa creencia que no existe alienación económica o enajenación de la propia vida. Que el grado de sublimación que permiten los procesos de enseñanza y aprendizaje nos hacen a los docentes inmunes a la injusticia. Pero esto no son más que fantasías, formas de autoengaño que nos ayudan a no tomar partido, a mantener una autocomplaciente neutralidad para tratar de salvar lo que todavía no nos han recortado y evitar la incomodidad y el riesgo de la confrontación con nuestros empleadores. En el fondo no es más que una suspensión de nuestra responsabilidad moral, cuando en verdad lo que deberíamos suspender es el avance de la injusticia. Y en este combate que debemos librar contra la injusticia el arma más eficaz que tenemos a nuestra disposición es la palabra veraz y honesta, el compartir con todos los posibles afectados nuestros juicios acerca de aquellas conductas que podemos llegar a calificar, a la vista de las ideas que conforman nuestros principios y valores morales, de injustas. Y con más razón hay que hacerlo en aquellas instituciones sociales que, como la escuela o el instituto, toman la palabra como el mejor instrumento para nuestra socialización y configuración de nuestra identidad cultural. En este sentido, la situación de injusticia que se vive en el inefable colegio en el que trabaja mi amigo trasciende la anécdota del caso particular para convertirse en una ineludible interpelación a nuestra conciencia moral. No podemos permitir que en uno solo de los colegios de nuestro país prevalezca la injusticia. Bastaría que un solo docente de cada uno de esos centros denunciase también ante la opinión pública su respectiva situación de injusticia para acabar de este modo con la impunidad en la que están cómodamente instalados los titulares de esos mismos centros. Yo ofrezco mi mano para el relato de esas denuncias si se me informa al respecto. No podemos obviar que la educación que en esos colegios se practica no es compatible con la democracia ni con la dignidad de las personas.

August Mann