El
Colegio Stel·la, un centro de enseñanza privado concertado fundado en el 1954 y situado en la zona
alta de Barcelona, cierra este mes de junio después de cumplir 60 años de
existencia. Me lo dice un amigo que trabaja allí desde hace más de 20 años. El
cierre de un colegio es una mala y triste noticia que deja siempre un amargo
sabor, como cuando cierra el cine de barrio donde quedábamos con los amigos las
tardes de domingo. Pero, ¿el cierre de un colegio siempre es una mala y triste
noticia? ¿Podemos llegar a alegrarnos sin sentir vergüenza o remordimientos por
ello? Los caminos del progreso moral son, en ocasiones, imprevisibles. ¿Quién
hubiera dicho que la píldora anticonceptiva representaría un paso gigantesco en
la emancipación de la mujer de igual trascendencia que el derecho al voto o a
la educación? Hay colegios que no deberían existir porque la pedagogía
tradicional que practican supone una rémora para la buena educación, y mucho
menos cuando se benefician de fondos públicos que no se destinan a la
diversificación curricular y a los alumnos con necesidades educativas
especiales o bien a la excelencia académica, sino a la mejora de la cuenta de
resultados de sus propietarios. Espero ser fiel a los hechos y que mi amigo no
se disguste por la siguiente crónica tejida con sus testimonios personales.
Financiación pública de negocios
privados
Nos
llevaríamos más de una sorpresa si analizáramos la contabilidad de algunos
colegios privados concertados y comprobásemos hasta qué punto los beneficios se
obtienen por la vía de la doble financiación que representa el concierto
educativo con la connivencia de la Administración Pública. Que en España la
educación privada concertada sea un negocio es patente a la vista de su amplia
presencia en el sector: un 22,6% de toda la educación primaria y secundaria, 16
percentiles por encima del 6,5% de la media en Europa, según un estudio de
Izquierda Unida[1]. No es en
absoluto casual que los titulares del colegio Stel·la hayan decidido el cierre
patronal cuando el Departament d’Enseyament de la Generalitat les ha retirado
el concierto de diversas líneas al no cumplir el requisito principal de la
ratio de alumnos. Lo que me lleva a plantearme la siguiente pregunta: ¿cuántos
colegios privados concertados serían viables como negocio sin las subvenciones
y la financión del Estado? ¿Exactamente qué derecho estamos garantizando con
los tributos de todos los ciudadanos, la elección de centro de enseñanza o
simplemente la eufemísticamente llamada libre empresa? Yo mismo quisiera educar
a mis hijos en una escuela genuinamente libre de la red de la XELL con el mismo
concierto educativo que tiene una escuela de cualquier congregación religiosa o
entidad de capital riesgo, pero no tengo ese derecho. Lo que me lleva a pensar
que en ausencia de equidad no hay justicia que valga, y sin justicia el Derecho
es en la práctica una ficción que sólo sirve para legitimar las relaciones de
poder existentes en las que unos pocos mandan mientras que la mayoría obedece y
sólo se la necesita para apropiarse de sus capacidades y sustraer sus recursos.
Las
causas de la pérdida de alumnado las analizaré más abajo, pero ahora es
pertinente considerar algunas cifras. Si el principio fundamental de los
conciertos educativos es garantizar el derecho a la educación de los hijos
desde la libre elección de centro por parte de los padres, entonces cabe
esperar la gratuidad de la escolarización para los niveles educativos
obligatorios, exceptuando las cuotas para sufragar los inevitables gastos de
suministros, alquileres y mantenimiento de edificios, material escolar, cursos
de formación del profesorado, intereses financieros o por créditos hipotecarios,
impuestos, etc. De todos estos gastos el mayor es el del alquiler. Pero resulta
que en el caso del colegio Stel·la sus titulares son también los propietarios
de los tres edificios en los que se realiza su actividad. Y por lo que respecta
al mantenimiento es manifiesto el abandono de los tres edificios, de las
instalaciones y del equipamiento, sobre todo en los últimos tres años. Y qué
decir de los cursos de formación en un colegio que nunca ha tenido un plan ni
estratégico ni integral de
formación, que hasta hace tan sólo 3 años los pocos cursos existentes los
organizaban los delegados de personal al margen de la titularidad y dirección
pedagógica y financiados con fondos públicos, hasta que los titulares
descubrieron una nueva vía de doble financiación y ofertaron unos mini cursos de inglés de poca utilidad
práctica pero que al menos servían para que los docentes pasaran un buen rato
riéndose unos de otros e incluso de algunos formadores, encontrando un poco de
alegría en un entorno laboral deprimente. Una formación que ha tenido su
colofón este año con el programa TREVA que ha resultado ser un completo fiasco,
puesto que varios profesores no lo han cursado, unos cuantos más no han realizado
la segunda fase del mismo, y lo que es peor no ha tenido ninguna aplicación ni
concreción en las relaciones laborales, las relaciones de enseñanza-aprendizaje
y la acción tutorial por la falta de asertividad, empatía y liderazgo del mismo equipo directivo
que lo ha promovido.
No
obstante, las cuotas de escolarización, de las actividades complementarias y de
los servicios que ya eran elevadas (si las comparamos con otros centros
concertados de la zona en torno al Paseo de la Bonanova) se han ido
incrementando, lo mismo que las aportaciones económicas a la Fundación Privada
Stel·la. Huelga decir aquí que la forma jurídica de la Fundación privada en el
sector de la enseñanza ha resultado en algunos centros concertados nefasta para
los verdaderos fines de la educación ya que ha servido para desviar los fondos
públicos a unos titulares de centros con espurios intereses en la educación. Y
claro, después de campañas publicitarias tan perseverantes como aquella de
"yo no soy tonto", los compulsivos consumidores y usuarios van y se
lo creen, y después no hay quién
les engañe con unas cuentas como las del colegio Stel·la que, por lo que
respecta a los ingresos por parte de las familias, para el curso 2013-2014 en
los niveles concertados y no
concertados (Jardín de infancia y Bachillerato), según las actas aprobadas por
el Consejo Escolar y el APA[2], son las
siguientes:
1r ciclo infantil: 188 € (cuota) + 60 € (Fundación) x
24 (Alumnos) = 5.952 €
2n ciclo infantil: 36 + 162 x 47 = 9.306 €
Primaria: 106 + 116 x 130 = 28.860 €
ESO: 36 + 222 x 106 = 27.348 €
Bachillerato: 340 + 60 x 102 = 40.800 €
Total mensual: 112.266
Total anual: 1.122.660
Si
para la empresa MONTVIKEL, S.A., que contrata a la mayor parte de los
trabajadores del colegio Stel·la, siendo la Fundación privada Stel·la la que
contrata al resto del personal no docente, el indicador del margen de beneficio
para el año 2013 fue de un 10% (habiéndose producido una variación respecto al
año anterior de un -4%), según un informe que se puede consultar en la Gestoria
virtual Axesor[3], entonces la plusvalía obtenida por sus
propietarios, la familia Nogués Antich, que son también los titulares del
colegio Stel·la, asciende a 112.266 €, una cantidad nada despreciable por
ofrecer un servicio educativo que está subencionado. No obstante esta plusvalía
puede ser sensiblemente mayor porque los alquileres de los tres edificios del
colegio se computan como gastos cuando pertenecen a los mismos titulares. Naturalmente
todos estos cálculos son conjeturas y extrapolaciones, y su validación requiere
consultar la información financiera que se encuentra en el Registro Mercantil.
Pero puede ser útil para hacerse una primera idea del volumen de negocio que
mueve la educación en un centro concertado como este colegio. De todos modos cualquier
padre puede hacer cuatro cálculos y llegar a unas estimaciones parecidas.
Además, como todos los consumidores o usuarios sabemos, el precio de un bien es
caro o barato en función de su utilidad y el beneficio que comporta. Si el
balance es negativo entre lo que uno paga y lo que uno recibe a cambio,
entonces no hay equilibrio posible, y la sensación de engaño no tarda en ir
acompañada de desconfianza, desafecto y finalmente pérdida de fidelización.
Cuando
unos padres anteponen el aprobado de sus hijos a la calidad de la enseñanza y
eligen un centro como el colegio Stel·la (aproximadamente un tercio de las
familias), en el momento que esto se acepta no se les puede vender después la
moto que sus hijos suspenden porque no tienen suficiente nivel o porque
arrastran dificultades para el aprendizaje, sin ofrecer al mismo tiempo ninguna
solución más allá de la externalización de las atenciones que requieren esos
alumnos o bien del aprobado al final del curso cuando la presión de esos mismos
padres va acompañada de la amenza de cambio de centro. Del mismo modo que no es
de recibo responsabilizar a los profesores del suspenso de esos mismos alumnos
cuando la titularidad no ha dispuesto los medios necesarios para atendender a
los alumnos con problemas o trastornos de aprendizaje, a fin de ahorrarse
dinero, o simplemente se ha negado a aplicar el régimen disciplinario del
centro a aquellos alumnos con conductas negativas que han impedido el buen
funcionamiento de las clases, a fin de evitarse pérdidas de alumnos, si bien lo
que han conseguido con esta pasividad es la fuga de algunos buenos alumnos o de
aquellos otros que no reciben la atención que precisan por el clima enrarecido
de las aulas. Aquí tenemos, en mi opinión, una de las causas del cierre
patronal, en la medida que ha supuesto que, en los últimos tres años, se haya
pasado de tener más de 600 alumnos matriculados a tener este año tan sólo 409
alumnos, y que en el pasado mes de mayo sólo se pudiera hacer la previsión de
291 preinscripciones para el próximo curso, aproximadamente un 71% de los
alumnos matriculados este curso, según la información facilitada por los propios
titulares del colegio Stel·la.
Por
otra parte, a esos ingresos de los 409 alumnos matriculados en el colegio, hay
que añadir los ingresos por los menús escolares, que con diferencia representa
la principal fuente de ingresos, después de las cuotas por escolarización, en
aquellos centros privados que ofertan el servicio de comedor. En este mismo
curso 2013-2014 se han servido cada día unos 301 menús aproximadamente (unos 200 de Jadín de infancia, Infantil
y Primaria -todos los alumnos matriculados- y unos 100 de Secundaria) a un
precio de 9 euros cada uno, lo que supone unos ingresos de 59.598 euros
mensuales y de 595.980 euros anuales aproximadamente. Si partimos del supuesto bien
razonable que los beneficios netos por el servicio de comedor gestionado con
criterios puramente mercantiles pueden representar entre un 20% y un 40% de los
ingresos, entonces podemos suponer que la plusvalía obtenida puede oscilar entre
119.196 y 238.392 euros aproximadamente. La nutrición de un escolar es un
factor fundamental no sólo para el desarrollo de un niño y un adolescente, sino
también para el aprendizaje. Si los responsables de un colegio son conscientes
de este hecho y actúan en consecuencia, no deberían hacer de una actividad tan
sensible para la salud un negocio. Sin embargo, sólo hay que analizar
cualquiera de los menús servidos en el colegio Stel·la para comprobar que la
calidad de los alimentos, su variedad y la elaboración de los mismos tiene un
deficiente valor nutricional y dietético, muy alejado de las recomendaciones de
los expertos.
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| Rebozado y contenido de queso y Jamón cocido de un San Jacobo industrial servido frecuentemente en el menú escolar del colegio Stel·la |
Llegados
a este punto el lector puede pensar que un profesor de un colegio como el Stel·la
ha podido hacerse el ciego, el sordo y el mudo para conservar su puesto de
trabajo, pero quizás le cueste entender el mismo comportamiento por parte de
los padres, y en particular por los responsables del APA y los miembros del
Consejo Escolar. Sobre todo cuando los alumnos pueden contar en casa sus
experiencias desagradables con los menús o los problemas o conflictos que
puedan tener en las clases sin que se les dé ninguna solución satisfactoria.
Sobre el autoengaño en la educación se pueden escribir ríos de tinta. Pero en
esta ocasión la mejor respuesta es la más sencilla a la vista de los
acontecimientos.
Por
lo que respecta al APA se acaba de descubrir un agujero contable de cerca de
190.000 € hasta el año 2007, una cifra que puede aumentar cuando se revise la
contabilidad de los años anteriores a esa fecha. Según ha informado la actual
junta del APA a los padres del colegio, entre los que se encuentran algnos
docentes, se está reclamando esa cantidad al que fuera los últimos siete años el
presidente de esta asociación, una reclamación que de no ser satisfecha puede
convertirse en una demanda de responsabilidad patrimonial, a parte de la
posible malversación, administración desleal o apropiación indebida. Cuando hay
dinero de por medio es fácil hacer callar la boca, y si además hay un presunto
delito es fácil imponer la ley del silencio. Por lo demás, la elección de la
Junta del APA arrastra desde hace muchos años un déficit democrático. Si bien
es cierto que la participación de las familias suele ser escasa en la mayoría
de APAs, tanto de centros públicos como privados, este hecho no justifica que
no se celebren con todas las garantías las elecciones a la renovación de su
junta. Muchos padres pueden dar testimonio de ello. En democracia nunca debería
aceptarse como algo normal que la titularidad de un centro concertado imponga
unos candidatos y que sólo se permita votar a aquellos miembros de la comunidad
escolar afines a sus intereses. La cultura democrática es un valor fundamental
para la existencia de un Estado de derecho porque es la vía más eficaz para
corregir los abusos de poder y garantizar la equidad. Y para un centro de
enseñanza debería ser el pilar fundamental que sustente las relaciones entre
todos los miembros de la comunidad educativa. Cuando la democracia se sustituye
por formas de gobierno no participativas y que se situan al margen de la
deliberación pública, en la práctica no es posible controlar las conductas de
quienes nos gobiernan, quedando expuestos los afectados a sus caprichos y
arbitrariedades. El agujero contable antes mencionado es la mejor evidencia de
las consecuencias negativas del abandono de la democracia, dejando de puertas afuera
de los colegios nuestra condición de sujeto político.
Y
con respecto al Consejo Escolar más de lo mismo. Todos los representantes de la
comunidad escolar siempre han sido designados a dedo por los titulares del
centro, eso sí, con el grosero simulacro de unas elecciones para salvar las
apariencias, pero sin ninguna supervisión independiente ni censo electoral. En
este nuevo episodio de déficit democrático encontramos, en mi opinión, otra de
las causas del cierre patronal, por la falta de transparencia y control en la organización,
gestión y dirección del centro. Del mismo modo que entre muchos docentes de los
centros públicos con estatuto de
funcionario existe la creencia que ellos son los dueños de sus centros, anteponiendo
en ocasiones sus intereses particulares a los de los usuarios de su actividad,
como es el caso de la jornada intensiva de junio, hay titulares de centros
concertados que se creen que pueden hacer lo que les venga en gana ignorando
que la aportación de fondos públicos les exige el cumplimiento de unas normas fijadas
por la administración educativa. Ahora bien, este comportamiento de los
titulares no sería posible sin la complicidad de los otros miembros de la
comunidad educativa, así como sin la pasividad de los representantes de la
administración y de los sindicatos. La cultura democrática no puede evitar por
sí sola la aparición de abusos de poder, corruptelas y prevaricaciones, pero sí
permite descubrirlas, denunciarlas y corregirlas. El hecho que los titulares
del colegio Stel·la jamás hayan tenido ningún control en su gestión, que jamás
hayan sentido el aguijón de la crítica por parte de los otros miembros del
Consejo Escolar, les ha ensimismado en su poder absoluto y ha hecho que su
autoridad se pervierta y adopte la forma del autoritarismo. De este modo, los
errores que han cometido estos últimos tres años no han tenido enmienda alguna
para perjuicio no sólo de todos los afectados, sino también para ellos mismos, a la vista de su solicitud
voluntaria de Concurso de acreedores el pasado mes de mayo al decidir el cierre
patronal del colegio.
¡Es la moral, estúpidos!
Los
colegios pueden ser centros de reclusión de niños y jóvenes. Sólo basta ver los
muros y las rejas que los separan de su entorno o la temporización de las
largas jornadas escolares. En este tipo de centros la pedagogía que se practica
consiste en ahogar con información el espíritu de los alumnos en lugar de
encender con amor una llama en su espíritu, parafraseando aquí al mayor de
nuestros pedagogos, Sócrates. El centro de la relación enseñanza-aprendizaje se
halla en las figuras de autordad representadas por los profesores o el director
del centro. El conocimiento se concibe de una manera mercantil como una
transacción desde un agente externo con el que se adquiere una deuda y cuyo
pago es la evaluación de los contenidos aprendidos. Si el alumno suspende se
desencadena en su conciencia un sentimiento de culpa al no haber satisfecho la
deuda y quedar pendiente de pago, lo que supone la imposibilidad de pasar al
curso siguiente o bien la recomendación de un cambio de centro o incluso del
tipo de educación. De este modo se efectua en la vida escolar un poderoso
mecanismo de reproducción social. Los niños y jóvenes viven en las escuelas un
proceso semejante al de los adultos en sus relaciones laborales y económicas,
quienes llegan a anteponer sus obligaciones hacia el Estado, las empresas y los
bancos a los satisfactores de su bienestar o felicidad. Nuestro sistema social
fomenta a través de una determinada ética cívica, deontología del trabajo y consumismo
basado en el crédito una relación de dependencia y servitud voluntaria que
prioriza el pago a los acreedores a la satisfacción de las necesidades vitales,
aunque en ello nos vaya la vida. Sirva como ejemplo nuestra Ley Hipotecaria o
nuestra Ley Concursal.
De hecho, que los colegios funcionen
como centros de reclusión, además de ser aparatos ideológicos de reproducción
social, es una medida más fácil y barata, a parte de no tener como adversarios
a las élites económicas y las castas políticas, que la modificación de nuestra
concepción de la economía y organización de las empresas, con largas jornadas
laborales que impiden a los padres estar y criar a sus hijos. Pero los colegios
también pueden ser espacios que cultiven la libertad, la creatividad y la
responsabilidad, donde los alumnos echen a volar su imaginación, donde el
pensamiento no tenga otro límite que el horizonte de los más elevados ideales
culturales y donde se cultiven aquellas virtudes que suponen un valor
adaptativo y que están en la base de nuestra moral universal, como es el
altruismo, la pertenencia a un grupo y la confianza. En aquellos centros de
enseñanza donde no se cultivan estas experiencias que nos hacen propiamente
humanos se degrada nuestra condición hasta el grado cero de la brutalidad y de la inmoralidad. Una de las cosas
que me ha dicho mi amigo y qué más me ha revuelto las tripas ha sido el
comportamiento negativo de algunos grupos de alumnos de la ESO tras conocer el
cierre del colegio. Los adolescentes, como es sabido, tienen dificultades para
regular sus emociones negativas por la falta de maduración psicológica. De ahí
la importancia de la educación social y emocional en las escuelas. Si dicha
educación brilla por su ausencia y también es en la práctica inexistente en sus
hogares, entonces cualquier situación que comporte estrés estará fuera de su
control. Pues bien, en estas últimas semanas se han observado en algunas clases
conductas aberrantes, cargadas de violencia física y simbólica de algunos
alumnos hacia aquellos profesores más vulnerables por no manifestar conductas
autoritarias. Puesto que hablamos de menores que están obligados a asistir a la
escuela, los responsables últimos de este tipo de comportamientos son los
adultos. Si estos alumnos han manifestado un umbral de tolerancia muy bajo a la
frustración y tenían a flor de piel la rabia que les impedía reflexionar sobre
las causas del cierre del colegio es por el déficit de educación social y moral
que han padecido. La ética y el civismo son materias del currículo académico,
pero sobre todo son la expresión de la racionalidad humana que debe presidir
todos nuestros actos y decisiones. Y su auténtica enseñanza no es a través de
actividades y trabajos en las aulas, por muy resultadistas que sean sus
presentaciones en PowerPoint, sino a través del ejemplo en la propia vida y del
testimonio personal en toda clase de luchas y movilizaciones a favor de los
derechos humanos y la justicia social. Hacer otra cosa es simplemente un acto
de hipocresía, como bien han denunciado los alumnos más comprometidos del
colegio Stel·la con la buena educación a través del siguiente vídeo:
La
formación moral y cívica es uno de los puntales de la escuela, junto a la
estrictamente académica, en una sociedad democrática. Pero para que dicha
formación se efectue tiene que existir una decidida voluntad, así como un
manifiesto interés por la educación, que se concreta en el proyecto pedagógico
del centro. Pues bien, no deja de sorprender que en los 60 años de existencia
del colegio Stel·la sus titulares no hayan fomentado jamás un proyecto
pedagógico propio. Se ha dejado en manos de los sucesivos directores su
ideación y aplicación, pero como ninguno de ellos tenía ni la formación ni la
vocación suficiente para orientarse en materia de pedagogía no se ha hecho más
que cortar y pegar los proyectos que tomaban de otros centros movidos
únicamente por las ocurrencias y las modas del momento. Para una comunidad
educativa un proyecto pedagógico tiene la misma importancia que una
Constitución para toda una sociedad. Representa la hoja de ruta, las señas de
identidad, los principios fundamentales que orientan las acciones, los
procedimientos básicos para su realización y control. Un colegio sin proyecto
pedagógico propio es como una novela sin argumento, en fin, un disparate. Como
es un disparate que las normas legales que regulen la creación de una escuela
se centren en el edificio en el que se realizará la actividad y dejen de lado
la idoneidad del proyecto ideológico, como si un colegio fuese sólo sus
paredes.
Estos
días corre el rumor entre los profesores que el cierre patronal se debe a una
operación inmobiliaria. Probablemente dicha operación esté en marcha. Presuntamente se han vendido los tres edificios del colegio al Grupo Hospitalario Quirón. Pero
ningún empresario cierra el negocio de tres generaciones -que levantaron sus
padres y que sus hijos esperaban continuar-, sin hacer los sacrificios que
hicieran falta si hay una pasión que les mueva en su actividad. La pedagogía se
puede definir como una técnica social por sus posibilidades transformadoras.
Quien cree en la educación como medio de mejora y progreso de la vida social
siente una poderosa pasión que le empuja a establecer generosas y benevolentes
relaciones con su prójimo. En verdad, los grandes pedagogos también han sido
fundadores de centros de enseñanza donde han dado testimonio de sus ideas. Si
el colegio Stel·la cierra sus puertas por decisión de los titulares es porque éstos
no sienten tal pasión, sino sólo la pulsión del lucro. La única responsabilidad de
estos mercaderes de ilusiones es para con su patrimonio personal. Lo único
extraño es que un centro de estas características haya durado tantos años, un
hecho insólito que sólo acierto a explicar por la cultura de la subvención que
ha caracterizado las actividades económicas de este país. Y cuando la
subvención decae, como en este caso el concierto educativo, se cierra el
negocio porque ya no es rentable.
Desde
que se produjo el cambio en la dirección pedagógica del centro, hace tres
cursos, el colegio Stel·la ha perdido más de 200 alumnos, una tercera parte del
total de los alumnos matriculados por entonces. El anterior director no tenía
talento pedagógico, pero tenía una conducta moral con todo el personal del centro
y sabía tratar a los alumnos y sus familias. Además tenía contactos y una buena
comunicación con la administración y otros centros de la zona, un activo
absolutamente necesario en el sector de la educación y de difícil sustitución.
No hay mejor prueba de lo aquí dicho que sus más de 35 años en la dirección del
centro, lidiando con la administración en la concesión, renovación y ampliación
del concierto educativo y también con los titulares en la expansión del negocio
para asegurar su viabilidad. Su marcha se debió, probablemente, a diferencias
insalvables con los titulares relativas a la gestión del centro y, tal vez, al
proceso y a los candidatos para su sustitución. En cambio, la persona que le
sustituyó ni tiene talento pedagógico, ni carisma, ni siquiera dominio del
marketing. Su dirección pedagógica ha sido una calamidad y en sólo dos años, al
no saber mantener su independencia y equidistancia entre los intereses de los
titulares y del resto de la comunidad educativa, al alinearse claramente a
favor de los primeros, ha dilapidado la herencia sin legado de una plantilla
unida por relaciones informales, sin apenas conflictividad laboral y entregada
a su tarea docente por motivaciones vocacionales. Su estilo directivo ha
supuesto un factor negativo en la motivación de los mejores docentes y su falta
de criterio pedagógico ha legitimado las actuaciones de los peores docentes,
ignorando las continuas quejas de alumnos y familias, así como sus
descalificaciones a aquellos otros profesores que juzgaban sumariamente, con la
perversa lógica de amigo-enemigo, como responsables del mal funcionamiento del
colegio, intoxicando con ello el ambiente laboral. No es una simple anécdota
que a principios de este curso realizase una encuesta a todos los alumnos para
que valorasen a sus profesores y como que las valoraciones obtenidas
contradecían las expectativas de los titulares, a fin de poder legitimar en sus
cargos al equipo directivo y a los tutores, y llegar incluso a sancionar a los
profesores indomables, se mantuvieron los resultados en secreto. Basta con
comparar los currículos de los docentes marginados con los de los encumbrados
para percatarse de la arbitrariedad de su dirección pedagógica. De todos modos
conviene subrayar aquí que la actuación que ha tenido esta persona es la que
han querido los titulares del centro, ya que el principal aspecto que éstos valoran
en todas las personas que han elegido para algún cargo de responsabilidad es la
obediencia ciega a su autoridad.
Está
claro que la preocupación que por aquellas fechas tenían los titulares de no
errar en su elección para el cargo de director o directora, a fin de continuar
el negocio, era más que razonable. Pero su incompetencia en materia de
pedagogía les impidió ver asimismo que del error también se aprende. Y en lugar
de buscar a una persona más idónea para el cargo, perseveraron en su error por
no querer asumir sus responsabilidades. Uno de los rasgos que más diferencia
una persona racional de otra irracional es que la primera siempre asume su
parte de responsabilidad y no culpabiliza a otros ni mucho menos busca un chivo
expiatorio. Si esta conducta nos lleva en nuestras relaciones sociales a la
justicia y la felicidad, en el ámbito de las relaciones laborales hace posible
la viabilidad de la empresa por simple pragmatismo. No hay combinación más
nefasta para un empresario que la toma de decisiones conducida con los
criterios de los gustos personales, teñida con las actitudes de prepotencia y
acompañada con la más necia ignorancia. El resultado ya lo conocemos.
Que
un empresario eche a perder su negocio es algo incomprensible, pero entra
dentro de lo probable. De hecho, en nuestro país sólo tres de cada diez
negocios familiares -como es el caso del colegio Stel·la- llegan a la tercera
generación, y según los estudios que uno consulte esta cifra puede ser incluso
mucho menor. No existen fórmulas magistrales para llevar un negocio. Si fuera
así no cerraría ninguno. Pero sí existen algunos principios suficientemente
razonables, como la prudencia y la profesionalización. De todos modos, si un
empresario está mínimamente asesorado difícilmente perderá su patrimonio
personal con el cierre de su sociedad. La responsabilidad patrimonial de una
sociedad sólo alcanza a los bienes y derechos de la sociedad y no al patrimonio
personal de sus titulares. Liquidado el patrimonio de la sociedad, si no se
puede probar la existencia de negligencia profesional o de un delito por parte
de sus socios, se extingue su responsabilidad con respecto a sus acreedores.
Hablando en plata, que la mayoría de empresarios que cierran sus sociedades se
van de rositas con todas las plusvalías generadas. Si para cualquier negocio
esto puede parecer normal –al fin y al cabo nuestro derecho consagra la
propiedad privada como el máximo bien que hay que proteger-, si se trata de un
negocio que ha existido gracias a las subvenciones del Estado no debería ser
aceptado como algo normal. Y si además se trata de un centro de enseñanza, el
cierre patronal debería ser tratado de una forma especial. El problema es que
existe un vacío legal al respecto, porque la administración educativa puede
lavarse las manos si los alumnos de los niveles obligatorios se derivan a otros
centros -aunque no sean del agrado de los padres, incumpliendo de este modo el principio fundamental del concierto educativo que consiste en la libre elección de centro-, al mismo tiempo que puede quedarse con las manos sucias por la suerte
que corran los alumnos de los niveles no obligatorios, como es el caso del
bachillerato. Así pues, los titulares de un centro de enseñanza privado
concertado pueden cerrarlo como si se tratase de una churrería, y con la
tranquilidad de conservar los incrementos del patrimonio personal resultado de
esa actividad empresarial subvencionada con fondos públicos, que en el caso que nos ocupa
se materializa principalmente en un Resultado del Ejercicio en el 2013 de
542.524 euros (con una variación respecto al año anterior de -30%) y en un
Activo de 13.353.560 euros (con una variación respecto al año anterior de -23%),
cuya anotación principal -cabe suponer ante una cifra tan elevada- corresponde a tres fincas con sus respectivos
edificios en la calle Esperança, justo por encima del Passeig de la Bonanova,
entre el antiguo centro médico Dexeus y el centro médico Teknon, una zona muy cotizada [4].
Sin embargo, el personal del colegio volverá a sus casas con la incertidumbre
del cobro del salario de junio, de la paga extra de verano y de la tramitación
de la documentación para cobrar el subsidio por desempleo, al estar las
vacaciones de verano de por medio.
"Desde hace unos años, el centro no ha conseguido tener el número de alumnos necesario para poder conseguir pagar todos los gastos que genera un colegio como el nuestro. Durante varios años, hemos intentado buscar salidas a nuestro colegio, pero sin éxito, por lo que hoy resulta imposible mantenerlo abierto más tiempo. Cuando una empresa tiene más gastos que ingresos durante tantos años, termina, lamentablemente, con un cierre, como al que se enfrenta el colegio en estos momentos."
(Fragmento de la carta enviada por Montse Nogués, en nombre de la titularidad del colegio Stel·la, a las familias el 16.06.2014. El texto completo puede leerse en este enlace:
http://somstella.wordpress.com/2014/06/11/acomiadament-de-la-titularitat/
En
verdad, el único patrimonio inalienable que tiene un trabajador asalariado es su
dignidad, que se manifiesta en el respeto de uno mismo y a los demás y en la
defensa de los derechos que tiene como persona y como ciudadano. Quien vive sin
respeto y quien renuncia a sus derechos pierde su dignidad. Si esto ya es grave
en cualquier ámbito de la vida social, todavía lo es más en un centro de
enseñanza por el testimonio personal y la ejemplaridad que deben manifestar
siempre las personas que tienen a su cargo la educación de los niños y los
jóvenes. Pues bien. El comportamiento de la mayor parte de los trabajadores de
colegio Stel·la durante estos últimos tres años deja mucho que desear si lo
analizamos desde una perspectiva moral. En contextos de bonanza económica y
seguridad laboral, es difícil encontrar en las empresas actuaciones colectivas
cuando se vulneran derechos laborales al mirar cada trabajador únicamente por
sus intereses particulares, sobre todo si esta vulneración afecta sólo a una
parte del personal y mucho más cuando afecta a una sola persona. La ideología neoliberal ha ganado la
batalla ideológica al calar bien hondo en la conciencia de los trabajadores la
idea que antes que asalariados son consumidores y que si quieren disfrutar de
todas las oportunidades de consumo que les proporciona el sistema capitalista
tienen que observar el siguiente imperativo social: la mayor libertad en el
consumo se gana con la mayor disciplina y obediencia en el trabajo. En efecto,
hoy en día vivimos en un momento de hedonismo grosero, narcisismo e
individualismo que rompe los vínculos de clase social y la solidaridad con los
más desfavorecidos. En cambio, en contextos de crisis económica y precariedad
laboral cabría esperar la actuación contraria, por un simple instinto de
conservación que ve en la identificación con un grupo de iguales y en la acción
colectiva la posibilidad de defender mejor sus intereses y superar con éxito
las amenazas del entorno laboral. Sin embargo, esta lógica que puede observarse
en operarios y en profesionales de algún sector, brilla por su ausencia en el
personal de los centros privados concertados, donde parece que la defensa de su
convenio colectivo no vaya con ellos, cuando posiblemente sea la única
contención que queda a la desregularización del sector, tal como pretenden
conseguir las patronales para determinar unilateralmente las condiciones
laborales.
Todos
los asalariados vivimos con preocupación la situación de las empresas en las
que trabajamos porque si cierran nos quedamos sin el medio para ganarnos la
vida. Ninguna persona normal y en su sano juicio quiere destruir la empresa en
la que trabaja. Todo lo contrario, quiere contribuir a su mantenimiento. Si
esto es cierto para cualquier trabajador, lo es más para sus representantes
sindicales por la responsabilidad que conlleva su función. Un delegado de personal
se puede equivocar en las formas, puede errar en la estrategia, pero no se le
puede acusar de nada cuando defiende la legalidad vigente y el cumplimiento del
convenio existente. Revocar de su cargo a un delegado de personal por defender
los derechos laborales es un completo disparate además de un acto inmoral. Y
esto es justamente lo que han hecho la mayoría de trabajadores del colegio
Stel·la con uno de sus tres delegados, que no es otro que mi amigo. Ciertamente
vivimos unos tiempos de oscuridad, en los que el miedo corroe la racionalidad y
la valentía es un virtud que escasea. Pero a nadie se le pide ninguna acción
heróica. Tan sólo que viva y deje vivir. Si uno no tiene el valor de defender
sus derechos, lo mínimo que puede hacer es dejar que otro lo haga. La defensa
de los derechos laborales nunca pueda hacer daño a ningún trabajador, sino todo
lo contrario, porque tiene como única finalidad combatir la injusticia, un
combate con el que todos ganamos salvo los enemigos de la justicia. Pero si
este comportamiento inmoral ya es de por sí grave, alcanzó su más abyecta
expresión cuando se trató de
manipular a los alumnos y a algunas familias para que denunciasen a ese mismo
delegado por supuestas faltas graves en su práctica docente, intoxicando con
ello las relaciones entre profesores y de éstos con los alumnos. Lo primero que
un alumno espera de sus profesores es que se preocupe por ellos, que los
acompañe en su crecimiento personal, y que lo haga de una forma coherente y
honesta, que lo tome siempre como un fin y nunca como un instrumento para otros
fines ajenos a la buena educación. Cuando un profesor desconoce esta
expectativa de parte de sus alumnos y con los juicios de valor que vierte en
las clases calumnia a otro profesor, también ignora que con esta actuación
inmoral no sólo se descalifica a él mismo sino que arruina la confianza de los
alumnos depositada en su colegio. Si se quiere formar la estructura de la
conciencia moral de los alumnos, además de garantizar su aprendizaje, se debe
evitar someterlos a situaciones de estrés por la violencia simbólica que
entrañan determinadas declaraciones.
En fin, lo que ha ocurrido en el colegio Stel·la estos tres últimos años
era difícil de imaginar, porque el principal activo que tenía este colegio era
el comportamiento moral de la mayoría de los miembros de su comunidad
educativa, desde los titulares hasta el personal no docente. Un centro de
enseñanza puede soportar muchas carencias, incluso la falta de prudencia y
profesionalidad en la gestión empresarial y educativa. Pero esta causa por sí
sola no es suficiente, aunque sea necesaria, para que se llegue al cierre
patronal. Un centro de enseñanza es más que una empresa, aunque este suplemento
no esté considerado ni en el derecho mercantil ni en la normativa de la
administración educativa. Porque un centro de enseñanza tiene un intangible, el
alma colectiva de la comunidad educativa que sueña en el perfeccionamiento de
nuestra humana condición. El buen profesor es un hacedor de ese sueño y en sus
clases va relatando su ideación. Cada profesor relata un fragmento de ese sueño
y los alumnos participan del mismo en la medida que ese relato les llegue sin
interferencias y de forma armoniosa. Es algo parecido a la música que
interpreta una orquesta ante el público. Basta que haya unos pocos instrumentos
desafinados o un sólo músico que no siga la partitura con el mismo tiempo y
expresión para que el público perciba un ruido desagradable y no pueda
disfrutar de la experiencia estética de esa malograda interpretación. Pues
bien. En mi opinión la causa principal del cierre patronal del colegio Stel·la
se encuentra en la miseria moral a la que han llegado la mayor parte de sus miembros,
aunque en diferentes grados y por distintos motivos, tal como he tratado de
exponer al hilo de algunos testimonios personales de mi amigo y que tal vez
requieran una nueva aproximación mejor documentada y más extensa en forma de
opúsculo. El tiempo y las circunstancias lo dirán.
August Mann
[1] Ver el informe “El coste de la plaza escolar
en la pública y en la concertada. Desmontando un mito interesado” (2014), que
se encuentra en formato digital:
[2] Estas actas fueron expuestas en tableros en
cada uno de los tres edificios del colegio.
[3] El informe de los indicadores sectoriales de
Montvikel, S.A., en el 2013, se puede descargar desde el siguiente enlace:
[4] Véase el anterior informe elaborado por axesor
(290).jpg)
