No es
saludable dedicar el tiempo a aquellas cosas que causan nuestro desagrado y
desaprobación. En este punto, por cierto, radica una de las principales
diferencias entre una persona con ideología de izquierdas y otra con ideología
de derechas, porque a este último tipo de personas, por lo general, les encanta
recrearse en lo más obsceno y morboso. Sólo hay que leer las páginas del
derecho canónico dedicadas a la sexualidad para percatarse de ello. Pero, por
otra parte, es irresponsable no dedicar parte de nuestro tiempo a algunas cosas
que nos indignan cuando aquellas mismas cosas son causas de injusticias y
nuestro silencio podría interpretarse como una vergonzante resignación o lo que
es peor como un mezquino consentimiento. Sobre todo cuando el asunto a
considerar es la educación, uno de los derechos fundamentales del ser humano
hoy en día seriamente amenazado desde gobiernos de derechas al obsesionarse las
clases dirigentes con la posibilidad que las clases subalternas tengan mayor
ilustración, no sea que un operario lea La voluntad de poder de Nietzsche, ¡qué horror!, y muerda la cabeza de quien le ahoga. Y no
me refiero aquí a la educación que se da en los centros públicos, sometidos la
mayoría de ellos a una competencia desleal por parte de los centros
concertados, una práctica fomentada por la propia administración educativa que
regala conciertos bajo las prostituidas ideas de libertad e igualdad de
oportunidades, sino que me refiero a aquellos centros privados o concertados en
los que se sacrifica la calidad, el servicio público y los fines sociales de la
educación por el más grosero ánimo de lucro propio de una empresa puramente
mercantil, tal como sucede en el colegio concertado en el que trabaja un amigo, situado
en la zona alta de Barcelona, de cuyo nombre debo guardar aquí un prudente
silencio por razones jurídicas, y cuya titularidad pertenece a una acomodada
familia de apellidos catalanes pero de habla castellana y que gobierna su
negocio con mentalidad franquista.
Siempre me
ha llamado la atención la omisión de referencias directas a centros de
enseñanza en la mayor parte de escritos sobre educación. En algunos libros o
artículos tal vez encontremos unos pocos ejemplos de buenas prácticas
pedagógicas y de organización escolar, pero es casi seguro que perderemos el
tiempo si buscamos ejemplos negativos. ¿Por qué no se pone a deliberación
pública las actuaciones políticamente incorrectas que se vienen realizando en
algunos centros concertados cuando no se cumplen las leyes o bien sus titulares
tienen conductas inmorales? ¿Por qué toda la información académica y
empresarial de esos centros se mantiene fuera del alcance de los ciudadanos que
financian con sus impuestos el concierto de esos mismos centros? Si un
ciudadano no tiene matriculado a su hijo en un centro concertado, dicho centro
no tiene ninguna obligación de informarle de sus resultados académicos o de la
gestión de su concierto. Pero, ¿en base a qué principio de justicia en un
Estado democrático como se supone que es el nuestro se restringe al ciudadano
el acceso a la información de las actividades de una institución básica de
dicha sociedad como es la escuela? ¿Es razonable anteponer el derecho a la
democracia y tratar como asunto particular y no público los actos ilegales o
inmorales que puedan realizarse en un centro concertado, cuando la escuela es
donde deben formarse los ciudadanos del mañana en la obligación para con las
normas legales y morales
consensuadas y, por tanto, es una institución social que tiene que dar ejemplo
de civilidad y civismo? Al gobierno de la Generalitat le faltó tiempo para crear una web que
fomentaba la delación de ciudadanos contra las actividades de los activistas
del 15-M y de los sindicalistas más comprometidos en las manifestaciones y
jornadas de huelga contra la injusticia imperante en nuestro sistema social,
pero brillan por su ausencia las iniciativas y actuaciones contra aquellos
empresarios sin escrúpulos que hacen de la educación un lucrativo negocio con la
doble financiación de fundaciones y ampas, de una parte, y por otra parte de
fondos públicos.
Pues bien.
Sirva como botón de muestra de esos inefables colegios el que aquí denuncio
ante la opinión pública por diversos motivos, como las irregularidades cometidas
en el cumplimiento del recientemente aprobado X Convenio Colectivo Autonómico de la Enseñanza
Privada de Cataluña
–que tal vez sea el último a
la vista de la falta de voluntad negociadora de las patronales del sector que han demorado su firma tres años-- y
en su inmediata modificación mediante pacto privado para exclusivo beneficio de
los titulares del centro, así como la utilización de fondos públicos para
incrementar los beneficios empresariales en lugar de destinarlos a las
inversiones y los gastos previstos. Ignoro la recepción que pueda tener este
escrito, pero ese tipo de actuaciones no puede quedar impune. Que empuje al
lector con hijos en centros concertados a informarse al respecto, a contrastar
la veracidad de todo lo aquí expuesto en el centro de su hijo y considerar que
es un deber democrático ejercitar el pensamiento crítico con un sentido moral
contra los casos de injusticia, en particular en un centro de enseñanza, porque
de su resultado depende no sólo la calidad de la educación de nuestros hijos,
sino también la calidad de nuestra democracia.
En
relación a esa lesiva omisión para la defensa de una educación de calidad, cabe
considerar la existencia de dos discursos sobre la educación: el académico
centrado en programas y modelos, de un parte, y por otra parte, el mundano centrado
en los colegios. Raras son las veces que aparecen referencias a escuelas en los
tratados o ensayos pedagógicos de los expertos, ya sea por escrúpulos a no
hacer publicidad de los centros valorados positivamente o evitar polémicas y
procesos judiciales con los centros valorados negativamente, mientras que es
común entre los padres hablar de la escuela de sus hijos, de sus equipamientos
y de los buenos y de los malos profesores, en las conversaciones con familiares
y amigos. Y más raro aún es encontrar en los medios de comunicación, salvo que
se hayan cometido delitos, la noticia sobre malas prácticas pedagógicas en
algunos olegios que podrían juzgarse como políticamente incorrectas por sus
efectos perjudiciales en la confianza del sistema educativo.
Como
muestrario de algunas de esas prácticas que podemos encontrar en algunos
centros concertados, cabe destacar aquí las siguientes:
a. el incumplimiento del convenio del sector
(por ejemplo, no pagar las horas complementarias exigiendo a los maestros o profesores
afectados su permanencia en el centro);
b. la desviación de cantidades del concierto
que se utiliza para incrementar los beneficios (por ejemplo, emplear un
profesor de refuerzo como profesor titular, utilizar la séptima hora de tutoría
de aula en la ESO como hora lectiva o bien no destinar para su fin los recursos
percibidos para equipamientos de aula);
c. la organización con ánimo de lucro de
actividades de formación del profesorado financiadas con fondos europeos (por
ejemplo, programar más horas de las realmente impartidas);
d. la vulneración de los derechos laborales
de los docentes (por ejemplo, presionar cuando no coaccionar para la firma de
un pacto privado ya sea para un recorte salarial ya sea para una pérdida de
horas sin recibir ninguna indemnización por ello);
e. la persecución sindical (por ejemplo,
hacer mobbing al delegado de personal que no se deje comprar y que ejercite
como tal);
f. los precios abusivos en los menús
escolares sin relación con la calidad y cantidad de los alimentos (por ejemplo,
en menús de 9 euros la ausencia de criterios dietéticos y nutricionales como
evidencia el predominio de las frituras de alimentos precocinados o la
prohibición de repetir la única pieza de fruta del postre),
g. el desprecio a las reglas de gobierno
democrático del centro (por ejemplo, organizar con secretismo la elección al
Consejo Escolar y designar a dedo desde la titularidad a los diversos
representantes del centro),
h. o el engaño a las familias con hijos que requieren una
atención especial por parte de especialista que no tiene el centro (por
ejemplo, no disponer de ningún protocolo para los casos de dislexia,
discalculia, TDAH o Asperger).
No hay que
tener mucha imaginación para llegar a la conclusión que los resultados de unas
conductas tan negativas son incompatibles con la calidad que requiere la buena
educación. Y no dejan de sorprenderme las elevadas expectativas que declaran
las familias al matricular a sus hijos en algunos centros concertados al mismo
tiempo que hacen una completa abstracción de esas conductas. En todos los años
que en calidad de tutor he tenido una relación directa con las familias en el
centro concertado en el que trabajo nunca se me ha solicitado información al
respeto y son poquísimos los casos que he conocido del cambio de centro de un
alumno a causa de alguna de esas conductas. Naturalmente cuesta creer que en un
mismo centro se pueda encontrar el muestrario completo expuesto más arriba,
porque iría contra la más mínima lógica empresarial si lo que de verdad se
quiere es garantizar la viabilidad del centro y una percepción social positiva
por parte de todos los miembros de la propia comunidad educativa que asegure
los vínculos de fidelidad y complicidad con la titularidad del centro. Sin
embargo, la realidad supera siempre la ficción y cuando a la incompetencia se
suma la codicia no cuesta encontrar un centro con este lamentable record, como
es el caso del colegio en el que trabaja mi amigo, una anomalía pedagógica en el sistema
educativo catalán como su misma marca comercial ya apunta, pues su nombre no responde a ninguna convención
gramatical, que para cualquier otra empresa se podría aceptar la licencia, pero
para un centro de enseñanza es un desatino. Imaginemos por un momento que una
puta de aires afrancesados, pero sin conocimientos gramaticales, que se hiciera llamar Stel·la quisiera ampliar el
negocio del burdel que regentase y abriese un parvulario con el mismo nombre
animada por su reciente maternidad. Pues como que no sonaría bien ni sería
políticamente correcto.
Dicho
esto, y sabiendo que ese inefable colegio tiene una existencia de más de 50
años, más de un lector de este escrito podría llegar a pensar que tan mal no lo
puede estar haciendo una titularidad que dirige el centro desde hace tantos
años. Que el hecho de su larga pervivencia bastaría para deslegitimar las
acusaciones que aquí se vierten. Y hasta yo mismo pondría en duda una acusación
semejante ante una prueba de tanto peso como la simple
permanencia en el tiempo. Sin embargo, el hecho que hasta hoy en día ese
colegio no se haya enfrentado a ninguna clase de conflicto laboral colectivo,
en buena medida por la pasividad de los delegados de personal de la USOC
votados elección tras elección con el plácet de la
titularidad, y que tampoco haya tenido
apenas incidencias con la inspección educativa más allá de las
negligentes actuaciones del equipo directivo, no significa que mañana suceda lo
mismo. Bastaría con que uno de sus delegados de personal ejerciera como tal y
denunciase a las administraciones competentes todas las irregularidades que
continúan realizándose para que la situación cambiase radicalmente. Lo mismo
que bastaría que un pequeño número de padres ejercieran como tales y denunciase
a esas mismas administraciones la violencia simbólica y el maltrato psicológico
que algunos maestros y profesores, con la complicidad de la dirección,
infringen a los alumnos para movilizar a toda la comunidad escolar en contra de
esas aberraciones educativas y cambiar con ello la dirección pedagógica del
centro. De hecho, se ha llegado a tal extremo de abusos y despropósitos por
parte de los titulares que algo de eso está comenzando a suceder. Por otra
parte, no puede atribuirse únicamente a la actual crisis económica o a la mala
suerte la fuerte caída de matrícula de este colegio, significativamente superior
a la del resto de centros de su distrito, lo que está provocando la pérdida de
unidades concertadas en la ESO y que en breve tiempo toda la enseñanza
secundaria pueda llegar a tener sólo una línea, como sucede en la enseñanza
infantil y primaria. Un colegio que en los últimos tres años ha perdido a más
de 100 alumnos antes de que éstos concluyan sus estudios obligatorios o
postobligatorios, con unidades que han tenido un 25% de bajas, no se puede
decir que tenga una buena dirección y que algunos tutores estén haciendo bien
su trabajo. Y en buena medida es el resultado del pésimo clima laboral y
pedagógico en el que trabajan los maestros y los profesores sin más motivación,
en la mayoría de ellos, que la de conservar el puesto de trabajo aguantando
temerosamente los agravios y las humillaciones de los responsables del centro.
Entiendo
que el silencio de los expertos y de los medios de comunicación en relación a
centros que son más que políticamente incorrectos se puede explicar porque una
deliberación pública es una espinosa cuestión que puede comportar una demanda
judicial por parte del centro estigmatizado. Por otra parte se puede pensar que
ya existen cauces para denunciar la información engañosa o la mala fe
contractual, como la inspección educativa o la magistratura de trabajo. Y que
son, además, asuntos entre particulares y por tanto no tienen interés para la
opinión pública. Sin embargo, la actual administración educativa, salvo que se
produzca una alarma social con el consiguiente coste electoral, pasa como sobre
ascuas por encima de la fiscalización de los conciertos, así como por encima
del cumplimiento de la legalidad vigente, al existir una manifiesta connivencia
con el sector privado. Además, desvincula las resoluciones judiciales de la
renovación de los conciertos, por lo que los centros concertados pueden ser
condenados por toda clase de ilegalidades sin que ello comporte la pérdida del
concierto, que se garantiza simplemente por la ratio de alumnos. Por otro lado,
en el actual contexto de crisis y con las elevadas cifras de desempleo
existentes, es muy poco probable que los docentes lleguen a denunciar a los
titulares de sus centros si son víctimas de abusos. De hecho la mayoría de los
asalariados en nuestro país ha manifestado en recientes encuestas de opinión
que preferirían una rebaja en sus condiciones contractuales antes de quedarse
sin empleo, incluso ante una
situación hipotética. Así pues, pocas actuaciones cabe esperar por esos dos
cauces. Por lo que los miembros más débiles de la comunidad escolar en los
centros privados o concertados, los docentes, quedan en una situación de
desamparo frente a las conductas inmorales en unos casos e ilegales en otros
casos por parte de algunos titulares.
Sin
embargo, no hay que resignarse a
la injusticia. Hay que combatirla con ira y con valentía porque sólo de este
modo podemos albergar la esperanza de un futuro mejor. No podemos tomar a un
maestro o a un profesor como un buen ciudadano y un buen educador de ciudadanos
si teme la libertad y no se compromete a luchar contra las situaciones injustas
que vive o percibe en los otros ciudadanos. Conozco a unos cuantos docentes
--pero menos de los que me gustaría-- que no tienen ningún reparo ni duda en
reconocer el derecho de los ciudadanos a oponerse a la injusticia, incluso
dedican parte de su tiempo a la difusión de este derecho entre fundaciones y
ONGs, pero al mismo tiempo son incapaces de asumir en su vida laboral ese mismo
derecho y solidarizarse con los compañeros que padecen las mismas injusticias.
La escuela y el instituto no es diferente a otros servicios públicos y lugares
de trabajo en los que se libra en la actualidad el combate por la justicia. Tal
vez la naturaleza del trabajo que allí se realiza lleve a la falsa creencia que
no existe alienación económica o enajenación de la propia vida. Que el grado de
sublimación que permiten los procesos de enseñanza y aprendizaje nos hacen a
los docentes inmunes a la injusticia. Pero esto no son más que fantasías,
formas de autoengaño que nos ayudan a no tomar partido, a mantener una
autocomplaciente neutralidad para tratar de salvar lo que todavía no nos han
recortado y evitar la incomodidad y el riesgo de la confrontación con nuestros
empleadores. En el fondo no es más que una suspensión de nuestra
responsabilidad moral, cuando en verdad lo que deberíamos suspender es el
avance de la injusticia. Y en este combate que debemos librar contra la
injusticia el arma más eficaz que tenemos a nuestra disposición es la palabra
veraz y honesta, el compartir con todos los posibles afectados nuestros juicios
acerca de aquellas conductas que podemos llegar a calificar, a la vista de las
ideas que conforman nuestros principios y valores morales, de injustas. Y con
más razón hay que hacerlo en aquellas instituciones sociales que, como la
escuela o el instituto, toman la palabra como el mejor instrumento para nuestra
socialización y configuración de nuestra identidad cultural. En este sentido,
la situación de injusticia que se vive en el inefable colegio en el que trabaja mi amigo trasciende la anécdota del caso particular para convertirse en una ineludible
interpelación a nuestra conciencia moral. No podemos permitir que en uno solo
de los colegios de nuestro país prevalezca la injusticia. Bastaría que un solo
docente de cada uno de esos centros denunciase también ante la opinión pública
su respectiva situación de injusticia para acabar de este modo con la impunidad
en la que están cómodamente instalados los titulares de esos mismos centros. Yo ofrezco mi mano para el relato de esas denuncias si se me informa al respecto. No
podemos obviar que la educación que en esos colegios se practica no es
compatible con la democracia ni con la dignidad de las personas.
August
Mann
